La calefacción central no llegará a su fin, pero sí la forma en la que los vecinos pagarán por ella sí. Europa pretende concienciarnos sobre el ahorro energético, y una de las fórmulas será la individualización de la factura del consumo de la calefacción central.
Pagar por la calefacción que cada uno, propietario o inquilino, consume en su casa es una de las razones que ha llevado al Gobierno a aprobar, tras seis años de retraso, la norma que regula la instalación de contadores individuales en edificios con sistemas centralizados. El nuevo decreto, que entró en vigor el 7 de agosto, dará un plazo máximo de tres años para adaptarse.
La nueva normativa no afecta a todos los edificios: hay algunas excepciones
Así, antes de mayo de 2023, 1,4 millones de viviendas tendrán que contar con dispositivos (contadores y repartidores) que midan el consumo en los edificios que tienen calefacción centralizada, según la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (Aercca).
En cambio, la nueva norma no afecta a todos los bloques con calefacción central que hay en España (1,7 millones de viviendas tienen este sistema, según la OCU), sino solo a los construidos con anterioridad a 1998 (los posteriores a esta fecha ya están obligados por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios); y que, además, no estén ubicados en zonas climáticas exentas por la norma (corresponde a las más cálidas: islas y litoral mediterráneo).
Se debe instalar un contador o repartidor en cada radiador
Tampoco es de obligado cumplimiento en fincas donde la instalación de estos dispositivos no sea viable, por ejemplo, si el sistema de calefacción es por monotubos en serie, ventiloconvectores o aerotermos, o si la inversión no se puede amortizar con los ahorros conseguidos en un máximo de cuatro años.
“Se debe solicitar a la empresa mantenedora un estudio técnico previo y, si resulta positivo, encargar un estudio económico que analice la rentabilidad de la instalación. Si ambos resultan positivos, la instalación es obligatoria”, indican desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Las empresas tienen que realizar estos estudios de forma gratuita.
A priori, se debe instalar un contador, pero si no es posible se colocará un repartidor de costes en cada radiador. La diferencia es que en el caso del contador se coloca uno por vivienda y mide directamente la calefacción en kWh, mientras que los repartidores se ponen en cada radiador y miden unidades de consumo que luego se utilizan para hacer el reparto de los costes de calefacción entre los vecinos.
Se pueden adquirir en régimen de venta o alquiler. Mientras que cada repartidor instalado cuesta unos 30 euros, un contador supera los 250 euros. El alquiler de estos dispositivos, con servicio de mantenimiento incluido, sale por siete euros al mes.
Las comunidades de vecinos deberían solicitar ya presupuestos
A pesar de que no existe una obligación inmediata de adaptar las viviendas de cara al próximo invierno, ya que las primeras instalaciones en las zonas más frías (Soria, Burgos, León…) deberán llevarse a cabo antes de mayo de 2022, no hay que relajarse. Al menos 15 meses antes de la fecha obligatoria (dependiendo de la zona climática en función de su situación y el número de viviendas), las comunidades de propietarios deben solicitar los presupuestos para cumplir con la nueva normativa.
En la ciudad de Madrid, por ejemplo, donde la fecha tope para instalar los contadores es octubre de 2022 o marzo de 2023, dependiendo del número de viviendas, los plazos para solicitar los presupuestos son antes del 1 de julio de 2021 para edificios de 20 o más viviendas y antes del 1 de diciembre de 2021 para edificios de menos de 20 pisos.
