¿Cuáles son los cambios en la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos? La reciente Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) (Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas) tiene como objetivo principal dar libertad al arrendador y arrendatario tratando de respetar al máximo sus derechos e intereses, por ambas partes iguales.
Su principal meta es flexibilizar el mercado de alquiler en España, el cuál actualmente está muy por debajo de la media Europea, busca principalmente el equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores.
Las medidas de la nueva ley proponen impulsar el mercado del alquiler, que ahora mismo en España está en el 17% mientras que la media europea alcanza el 30%.
Por otro lado, la tasa española del mercado del alquiler no se corresponde a la tasa de propiedad, que es muy elevada y reduce la movilidad de los trabajadores y provoca que haya muchas viviendas en propiedad, vacías y sin uso.
Entonces, ¿Cuáles son los cambios en la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos? Sigue leyendo y te contamos todos los detalles.
Favorecimiento mutuo en los arrendamientos
La principal novedad de la reforma posibilita que las dos partes (arrendador y arrendatario) puedan pactar cuestiones fundamentales en los arrendamientos de viviendas (Libertad de Pactos para los Arrendamientos de Viviendas, Art. 4).
Esta medida ofrece al arrendador y arrendatario un equilibrio y libertad para favorecerse mutuamente. De esta manera se facilita que haya un entendimiento entre ambas partes, acabando con las posibles diferencias que pudiesen surgir entre arrendador y arrendatario, y favoreciendo así a que haya un acuerdo entre los dos.
Cambio en las prórrogas del contrato
Otra medida que contribuye a la flexibilización en los alquileres es el cambio en las prórrogas. La duración del contrato se puede negociar libremente entre ambas partes, el arrendatario podrá renovar por 3 años mínimo y no 5 como se hacía anteriormente. Una medida que busca dar garantías a los arrendadores pero que, a su vez, puede perjudicar a los arrendatarios.
